La Ley de Dependencia

El pasado 31 de diciembre cuando la última campanada anunciaba el final del año comenzaba otro nuevo en el que muchos de los que celebrábamos dicha fiesta e intentábamos recuperar el aliento después de tragar la última uva mientras saltábamos, reíamos, abrazábamos, bebíamos, ect. Todas estas acciones que demostraban nuestra alegría y diversión, tan comunes y que no damos importancia, son imposibles de realizar para muchas personas. Algunas no son conscientes de lo que se celebra ese día y otras por sus importantes problemas físicos no pueden disfrutar al compás del resto de su familia.

 

Pero este año 2007, de entrada, posiblemente sea muchísimo más importante para todas estas personas que para el resto. Entra en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que como su propio nombre indica regulará las prestaciones y servicios que han de recibir para favorecer sus condiciones básicas de autonomía. Esta ley salvaguarda a las personas que se encuentran en un estado permanente de falta o pérdida de la autonomía física, intelectual o sensorial y que precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria.

 

Para conseguir cumplir los objetivos de la ley se crea el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia con el compromiso de coordinar las acciones conjuntas con las Comunidades Autónomas acordando un Plan de Acción Integral en donde se regule la intensidad de los servicios, las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas, los criterios de participación de los beneficiarios en el coste de los servicios o el baremo para el reconocimiento de la situación de dependencia.

 

Dicho Plan de Acción Integral será recogido en un convenio entre la Administración General del Estado con cada una de las Comunidades Autónomas que podrán aumentar, con cargo a sus presupuestos, la intensidad de los servicios del catálogo con respecto a los mínimos que establezca el consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia.

 

Todos los ciudadanos que se encuentren en esta situación deberán acudir a los servicios sociales de su Comunidad Autónoma para solicitar una evaluación de su nivel de dependencia y junto con el resultado se elaborará, junto con la opinión de la persona dependiente, un Programa Individual de Atención con los servicios y prestaciones económicas que va a recibir. Entre los servicios del catálogo se encuentran, la ayuda a domicilio, teleasistencia, centro residencial y centro de día y noche. Con respecto a las prestaciones económicas, se recoge una compensación a los cuidadores familiares y prestaciones para la contratación de cuidadores profesionales que faciliten al máximo su nivel de autonomía.

 

Para poner en marcha todos estos servicios el Gobierno y las Comunidades Autónomas aportarán alrededor de 25.000 millones de euros para el periodo comprendido entre 2007-2015 lo que da a entender la magnitud de este proyecto si tenemos en cuenta los escasos 200 millones de euros que aportó el Gobierno para estos conceptos en el año 2006.

 

Además de los beneficios sociales, la puesta en marcha de esta Ley supondrá un empujón muy importante a nuestra economía. Serán muchos los puestos de trabajos directos e indirectos que se creen en torno a las empresas de cuidados, así como a aquellas que presten servicios especializados de transporte, ocio, formación, etc. ya que un importante número de personas apartadas socialmente y para las que no se ofrecían los recursos adecuados para una mejora de su atención básica que repercuta en su nivel de autonomía serán tenidas en cuenta desde la entrada en vigor de la Ley.

 

Espero que con estas pequeñas líneas se haya podido reflejar la importancia y magnitud que tiene esta ley. Ahora solo queda esperar que los trámites se agilicen, se pongan a disposición medios humanos y materiales suficientes, se concierten servicios con entidades y profesionales de valía contrastada, se inspeccionen los centros e investiguen los posibles incumplimientos, … ect.

 

Casi nada…

Pedro Fernández

CANF-FEPAMIC